EL CONUCO DECRETA...

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TRAS 10 AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y $11 BILLONES INVERTIDOS: TAN SOLO SE HAN CONDENADO 195 POSTULADOS EN 47 SENTENCIAS


Según un estudio realizado por la Contraloría General de la República, a pesar de los $11 billones de pesos destinados al cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, pasada una década de su aplicación, los resultados son precarios y dejan en duda el logro de los objetivos de verdad, justicia y reparación integral.
Se trata de un informe preparado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, con el propósito de analizar los resultados y costos de los mecanismos de justicia transicional derivados de la Ley 975 de 2005 y sus modificatorias, durante el periodo 2006-2016.
Se estableció que en estos 10 años se profirieron tan solo 47 sentencias que condenaron 195 postulados, lo que equivale a un 8.2% de los aspirantes a los beneficios de la legislación especial, y que las indemnizaciones ordenadas para las víctimas fueron sufragadas, casi en su totalidad, con recursos del Presupuesto Nacional, lo que denota el incumplimiento de los beneficiarios de la ley, que tenían como compromiso devolver los bienes usurpados.
Tal conclusión la confirma el mismo estudio, que encontró que solo el 6% de los $79.746 millones pagados por concepto de reparaciones judiciales ($5.100 millones), han sido cubiertos con bienes aportados por los postulados al Fondo para la Reparación de Victimas, quedando el 90% a cargo del Presupuesto General de la Nación.
El 4% restante ($2.886 millones) ha sido sufragado con recursos provenientes del Fondo FRISCO en virtud de la distribución ordenada por el artículo 177 de la Ley 1448 de 2011.
El mínimo porcentaje de indemnizaciones atendido con bienes a cargo del Fondo de Reparación administrado por la Unidad para la Atención a Víctimas, obedece en gran medida al tipo y condiciones en las cuales fueron trasladados los bienes entregados o denunciados por los postulados, que no tienen vocación reparadora por situaciones como ocupación, difícil acceso por condiciones geográficas u orden público.
La situación descrita llevó a que durante 10 años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz haya sido necesario dedicar $54.000 millones del Presupuesto Nacional, para gastos de gestión y conservación de bienes avaluados en $303 mil millones, de los cuales solo el 44% cuenta con extinción del dominio.

La falta de voluntad de los postulados en la reparación efectiva a las víctimas, se evidencia no solo en el tipo de bienes y las condiciones en que fueron aportados al Fondo de Reparación, sino también en la brecha existente entre las 612 hectáreas entregadas efectivamente por los desmovilizados, frente a las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución. Igualmente se evidencia en los 6.395 bienes no incluidos en el Fondo que vienen siendo investigados por la Fiscalía, de los cuales el 51% se encuentra en etapa investigativa, sin ningún tipo de medida cautelar o garantía que permita contar con ellos para fines de reparación. De esos 6.395 bienes, solo el 4,1% ha sido efectivamente restituido a las víctimas.

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