EL CONUCO DECRETA...

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IMPUTARÁN CARGOS AL GENERAL (R) PALOMINO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS


La Fiscalía va a imputarle cargos al general (r) Rodolfo Palomino, quien fue director de la Policía entre agosto de 2013 y febrero de 2016. Lo que explicó al respecto Fabio Espitia, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, es que el delito por el que arranca esta investigación formal en contra del alto oficial en retiro es tráfico de influencias. La Fiscalía ya solicitó que se programara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá. "Los hechos no los puedo mencionar", expresó el alto funcionario. (Lea aquí: Un doloroso despojo en camino a la reparación de víctimas)
Luego de las declaraciones de Espitia, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que la investigación contra el general (r) Palomino tienen que ver con la investigación contra el Fondo Ganadero de Córdoba. "En 2014, siendo director de la Policía, intentó impedir que la justicia cumpliera unas órdenes", explicaron."En esa época, la Dirección de Análisis y Contexto dadelantaba la investigación contra directivos del Fondo Ganadero de Córdoba por despojo de tierras, especialmente, en la región de Tulapas. Al parecer, el general (r) Palomino realizó llamadas que habrían impedido las capturas de algunos de los responsables a los que se les había impuesto medida de aseguramiento".
En los últimos años, la Fiscalía ha venido indagando de qué manera directivos del Fondo Ganadero de Córdoba cometieron delitos que facilitaron el despojo de tierras en el Urabá. En la Fiscalía hay no menos de 170 denuncias de campesinos, que se registraron como víctimas de desplazamiento forzado, que fueron presentadas ante las Fiscalías de Medellín, Apartadó, Córdoba y Bogotá en un periodo de casi una década. Notarios y exfuncionarios del Incora también están siendo investigados. Una de las fichas claves en esta estrategia de despojo fue Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño.
Hace tres años la Fiscalía hace tres años profirió medida de aseguramiento contra siete de los implicados en los despojos de tierras en Córdoba y Urabá a finales de los años 90 y que fueron denunciados por 170 víctimas. Entre los implicados estaban una exfuncionario del Incora, un notario y dirigentes del Fondo Ganadero de Córdoba, que supuestamente falsificaron documentos y engañaron campesinos para arrebatarles sus predios.
A principios de febrero de 2014 la Fiscalía había ordenado la captura de los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba Carlos Enrique Sotomayor y Benito Molina Velarde, quienes eran investigados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y lavado de activos. Por esa fecha también se ordenó el arresto del notario Miguel Francisco Puche Yáñez, de la exfuncionaria del Incora María Inés Cadavid, de Guido Manuel Vargas López yde Marco Fidel Furnieles. Estos dos últimos fueron identificados como que presionaron a los campesinos para vender sus tierras en Tulapas.

Palomino, por su parte, salió de la Policía inmerso en uno de los escándalos más grandes que haya sacudido a la institución: el relacionado con la llamada Comunidad del Anillo y la supuesta prostitución de estudiantes de la Escuela de Policía y de oficiales de bajo rango a cambio de promover ciertos ascensos en el Congreso de la República. Palomino, por su parte, siempre negó cualquier responsabilidad frente a estos hechos

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