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ZONAS VEREDALES CUESTAN $22 MILLONES POR GUERRILLERO


Solo el censo que realiza la Universidad Nacional mostrará la pertinencia de que los guerrilleros se queden en las zonas veredales una vez hayan dejado las armas.
En el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se indica que para el Día D+180, es decir el próximo 1 de junio, las zonas veredales desaparecen como tal, la ONU retira los contenedores para destruir las armas y la Fuerza Pública puede copar esos territorios.
Con el fin de entender qué va a pasar con estos lugares, EL COLOMBIANO habló sobre su futuro con Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales, y Alejandro Reyes, delegado del Alto Comisionado para la Paz en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
¿Cómo va el cumplimiento de los contratistas y cuánto terminarán costando las zonas veredales?
CC: “En Antioquia son cinco campamentos, de los cuales en cuatro ya tenemos terminada la totalidad de las áreas comunes y hay avances de aproximadamente el 60 % en alojamientos. Ya hay algunas personas viviendo ahí, así no se hayan terminado, como en Remedios, Anorí, Dabeiba y Vigía. Estamos haciendo todo lo posible para terminar las obras en Ituango y lo que hace falta en el resto, lo más pronto posible. Con las características de estas infraestructuras creemos que vamos en el camino indicado para poder entregarlas. Esto cuesta unos recursos importantes, en promedio debemos estar en 22 o 23 millones de pesos por persona”.
¿Qué va a pasar en el día D+ 181, el 2 de junio de 2017?
AR: “Al Día D+180 lo que tenemos previsto es cumplir con los protocolos que acompañan el acuerdo del cese el fuego y la dejación de armas. Lo que esperamos es la certificación de la ONU que dé cuenta de la dejación total de las armas. Con relación a los miembros de las Farc esperamos los listados en los cuales se relacionen quiénes son y el visto bueno para que podamos adelantar el procedimiento de acreditación y tránsito a la legalidad que permitirá tener esos listados depurados, que sepamos, exactamente, cuál es la plena identidad de cada una de los guerrilleros”.
¿Estas personas se van a quedar en esas zonas veredales?
AR: “Este es un asunto que hay que revisar con mucho cuidado y esa revisión es parte de lo que estamos haciendo hoy en día. Habrán escuchado de una encuesta, que según lo previsto está desarrollando la Universidad Nacional, y dentro de las preguntas que se formulan, hay unas que tienen que ver con sus familiares, sus redes de apoyo, con saber si las personas tienen algún arraigo con el territorio donde están en este momento o no. ¿Por qué?, porque hemos aprendido que la familia es clave para el éxito de la reintegración. Hacemos las preguntas que permitan dar claridad sobre qué es lo más conveniente”.
CC: “El Gobierno está en la disposición de revisar en detalle cómo usar de mejor manera estas infraestructuras construidas. Aquí es muy importante hacer una distinción entre lo que es la zona y lo que es el sitio donde ellos van a vivir, que por ahora son unos campamentos, de golpe lo que vamos a hacer es ponerles un nombre más correspondiente con el tema de la reincorporación. Esos límites, que son ficticios, se terminan, y tenemos un espacio con unas infraestructuras, donde, con esa información que salga de la encuesta definiremos qué necesidad hay hacia adelante con esos temas de formación con el Sena, con universidades, en entrenamientos de proyectos productivos, etc.”.
¿Podrían quedarse esa infraestructura en la comunidad donde están?
CC: “Claro que podrían. Cuando vamos al tema de reincorporación ya tenemos más opciones de articulación con gobiernos territoriales y, por supuesto, con comunidad, de hecho sería interesante que cuando se abran estos espacios se recuerde que esas infraestructuras son públicas, lo que quiere decir que la acción comunal podrá hacer reuniones en los salones que construimos ahí”.
AR: “A veces nos pensamos esto como si fuera una cosa del futuro y en el presente hay que tener en cuenta que muchos de los procesos que mencionaba Carlos ya tienen que ver con las comunidades de las zonas veredales, por ejemplo, los temas de salud se han planteado, no solamente para la atención de los hombres y mujeres de las Farc, sino de las comunidades aledañas”.
Hay un médico, una enfermera, una ambulancia para cada zona veredal, ¿eso se va a quedar?
CC: “Tenemos que revisarlo. El Gobierno tiene la plena convicción y va a responder por la prestación de esos servicios. Pero todo va a depender, por ejemplo, si ya tenemos la afiliación de todas estas personas al sistema de seguridad social o si estas personas comienzan a recibir los subsidios de reincorporación allí, lo que cambiaría el panorama”.
¿Está confirmando entonces que el médico y la enfermera están para los guerrilleros?
CC: “Hablamos de zonas donde la carencia institucional ha sido histórica. Nosotros llegamos con unos servicios que hoy están siendo utilizados por comunidades y por las Farc, en algunas cosas, como las médicas, son más utilizadas por la población. Hay que hacer la distinción entre lo que es reincorporación de excombatientes, poner en marcha los procesos de posconflicto en el territorio. Estamos llegando con la Agencia de Renovación del Territorio con los proyectos de pequeñas infraestructuras, y aquí ya tenemos priorizados planes de centros de salud, de mejoramientos de escuelas, de salones comunales, de vías, esos proyectos ya van a hacerse en esos municipios, pero después de esto vienen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y viene la implementación de los acuerdos de La Habana”.
¿Qué actividades desarrollan los guerrilleros en las Zonas Veredales?
CC: “Darnos palo (risas). En Antioquia, en especial, tenemos en todos los campamentos cursos cortos del Sena, que todavía no son los temas de reincorporación fuerte, son de mecánica de motos, de pastelería, de panadería, con muy buenos resultados, ya hay panaderías montadas por ellos en casi todos las zonas veredales del país. Con Coldeportes hay unos monitores de deportes, y estamos haciendo la encuesta de la Universidad Nacional que es muy extensa y, en un convenio entre el Ministerio de Educación y el Consejo Noruego de Refugiados se está haciendo una caracterización, más rápida, en el tema de formación para trabajar en la alfabetización y validación de saberes. A eso hay que sumarle lo que ellos mismos hacen de revisión de los acuerdos y de discusión de sus tesis políticas”.
¿Las Farc ya le entregaron a la ONU las coordenadas de todas las caletas?
AR: “El componente internacional de Naciones Unidas, que lidera el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y las Farc serán los que deberán articular acciones para garantizar el desarme total, de tal suerte que le corresponde a la ONU hacer pronunciamiento público sobre cuál es el estado de avance del proceso de dejación de las armas. Nos ha dicho, hasta el momento, que se han destruido 640 kilos de explosivos hallados en una caleta. Nosotros estamos diciendo que frente al universo de caletas es necesario agilizar porque los 180 días están a la vuelta de la esquina”.
¿El armamento que encuentre el Ejército se convierte en material judicial?
CC: “El Ministerio de Defensa lo que ha dicho es que ‘si yo en mi ejercicio de control territorial encuentro una caleta, hay dos probabilidades: que ya haya sido georreferenciada y esté programada su desactivación o que no lo esté, si no eso es del Gobierno y sus Fuerzas, si lo está cuenta para el desarme’”.
El Gobernador de Antioquia pregunta con frecuencia “¿cuándo nos van a devolver el territorio?”

AR: “Él nunca dejó de ser el Gobernador. Ahí hay una cosa que tiene que ver con cuál es la característica que tienen esas Zonas Veredales y aparece una ficción jurídica que se crea a través de la Ley de Orden Público que habilita una condición excepcional para la Fuerza Pública. En el lenguaje del acuerdo hablamos de las autoridades civiles no armadas que continúan con la ejecución de sus tareas, no hay alcalde, no hay gobernador, no hay personero que pueda decir: a mí me vetaron en las zonas”.