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CONTRALORÍA DE VILLAVICENCIO HALLÓ 1331 MILLONES DE PESOS DE POSIBLE DETRIMENTO EN LA CENTRAL DE ABASTOS


Contraloría municipal de Villavicencio detectó hallazgo de tipo administrativo, disciplinario y fiscal, por el valor de $1.331.901.727, correspondiente a la sumas canceladas por concepto de expensas de administración que fueron pagadas por el Municipio de Villavicencio durante las vigencias 2013 al 2016 en la Central de Abastos de la capital del Meta.
Según el informe final de la auditoría realizada por la Contraloría, la gestión fue ineficaz e ineficiente en la administración de los bienes estatales, propiedad del municipio, ubicados en la central de abastos de Villavicencio tanto en el mandato de Juan Guillermo Zuluaga como en el actual de Wilmar Barbosa.
En el desarrollo del proceso de determinó que durante la vigencia de 2013 a 2016, de 1808 locales que conforman la central de abastos, 590 locales son de propiedad del municipio de Villavicencio, los cuales no se han dado en arrendamiento durante estas vigencias, sin generar un ingreso al tesoro municipal por los mismos, llamando la atención que de los 590 locales, 181 se encontraban ocupados a 31 de diciembre de 2016 y no cancelaron arrendamiento ni pago por expensa de administración a la copropiedad.
Por tal motivo, la Contraloría determinó que las normas presuntamente vulneradas están en marcadas en la Ley 610/00 en su artículo 6 por lo que el ente señala como presuntos responsables del detrimento patrimonial al ex alcalde Juan Guillermo Zuluaga Carmona durante su periodo 2012 – 2015, por el valor de 756 millones 105 mil 482 pesos y a Wilmar Barbosa Rozo como mandatario actual por el valor de 575 millones 796 mil 245 pesos.
Según entrevistas realizadas por el auditor el 01 de marzo de 2017 a treinta (30) de las personas que se encontraban ocupando estos locales, se evidencio según lo manifestado que llevan ocupando estos bienes inmuebles desde hace 12 años, sin tener un contrato de comodato o arrendamiento por parte de la EDUV, ni de la administración municipal
La Contraloría afirmó que, lo anterior, se traduce a una gestión fiscal ineficaz e ineficiente en la administración de estos bines estatales descritos dentro del informe de auditoría, que transgrede los principios de eficiencia, economía y eficacia, enmarcados dentro del sistema de control de gestión, sin cumplir con los fines esenciales del Estado.