EL CONUCO DECRETA...

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EL 4 DE AGOSTO LOS MAGISTRADOS PODRÍAN IR A LA CÁRCEL


Villavicencio.   El magistrado, Fernando Adolfo Pareja Reinemer, de la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolverá si concede la petición de la Fiscalía, avalada por la Procuraduría, de enviar a la cárcel a tres magistrados del Tribunal de Villavicencio.
La audiencia en la que se dará a conocer el veredicto que antecede la etapa acusatoria, está programada para el viernes 4 de agosto a las 3:00 de la tarde en el Auditorio general del Tribunal en la capital del país.
La situación es bastante compleja en razón a la posible existencia de muchos hechos y el número de delitos que relacionó la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte, en contra de los procesados, Joel Darío Trejos Londoño, Fausto Rubén Díaz Rodríguez y Alcibíades Vargas Bautista.
Los sujetos procesales esperan un pronunciamiento integral, conforme a la sana crítica, motivado y con apego al Código de Procedimiento Penal, luego de la valoración y estudio de todos los elementos materiales presentados tanto por la Fiscalía como por los investigados en el contradictorio.
Los altos funcionarios de la Justicia en la capital del Meta, tuvieron todo el tiempo necesario, en garantía a sus intervenciones contradictorias frente a los elementos que presentó el ente judicial para sustentar la petición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
En defensa sumarial, lo hicieron por la misma consecuencia que se genere en caso de llegar hacer responsables de los delitos endilgados por concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo, prevaricato por omisión y cohecho propio, al recibir supuestamente dineros para beneficiar a peligrosos criminales y narcotraficantes.
Hasta el momento la Fiscalía descubrió lo que le pareció trascendental para sustentar la petición de la medida, y se presume que tendrá muchas más pruebas para revelar en el momento en que corresponda la audiencia de llamamiento a Juicio.
Por su parte la Delegada del Ministerio Público avaló la petición de enviarlos a la cárcel al considerar que es necesaria, por la gravedad de los delitos imputados y que a futuro representarían un peligro para la comunidad, e incluso para la misma investigación.
                  

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