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LA FISCALÍA IMPUTARÍA CARGOS A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO


 Tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio fueron llamados a imputación de cargos  el 10 de julio en Bogotá, informó la Vice-fiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas.
Se trata de los magistrados, Alcibíades Vargas Bautista, el presidente de la Sala Penal, Joel Darío Trejos Londoño y el ya pensionado magistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.
La Fiscalía pedirá también, imposición de medida de aseguramiento por supuestas responsabilidades frente a la comisión de delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo.
La Vice-fiscal, dijo que, desde 2013 el Tribunal otorgaba indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.
Los beneficiarios con las decisiones, particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía.
En consecuencia, de lo anterior, las diligencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento se cumplirán ante magistrados de garantías de la sala penal del Tribunal superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Entretanto, circuló por WhatsApp, un escrito manifestando que no es cierto que los magistrados, Alcibíades Vargas y Joel Trejos, pertenezcan a una red delincuencial que otorga libertades y domiciliarias a narcos y homicidas.
Señala que, la actitud de la Vice-fiscal constituye amedrentamiento con el ánimo de infundir miedo en quienes como magistrados de garantías tendrán que tomar las decisiones el próximo 10 de julio.
Consideran una grave afrenta a la autonomía e independencia de los jueces y señala el texto que esperan hallar elementos de valor para poder aclarar la ajenidad en el cohecho, y persuadir al magistrado del tribunal en Bogotá para que no imponga la medida solicitada por la Fiscalía.

Por último, reconocen que desafortunadamente existen intermediarios que piden dinero a nombre de los funcionarios judiciales y reitera el escrito, que ellos jamás han actuado movidos por el dinero.