FUNDETEC EN ACACIA META

FUNDETEC EN ACACIA META

ANTE AJUSTE PRESPUESTAL POR MENORES INGRESOS DE LA NACIÓN: CONTRALORÍA SUPRIMIRÁ 100 CARGOS DE SU PLANTA TEMPORAL DE REGALÍAS


 Bogotá, febrero de 2017.- En uso de las atribuciones concedidas por el Decreto 2190 de 2016 (artículo 42)*, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ordenó suprimir 100 cargos de la planta temporal de regalías de la entidad, en razón a la reducción de ingresos de la Nación que se refleja a su vez en el presupuesto para el pago de esta nómina.
La planta estaba integrada por 304 funcionarios y quedará reducida a 204.
Se dispondrá así de $34.000 millones para cancelar la nómina de regalías en el bienio 2017-2018.
El Decreto 2190 de 2016, por el cual se expidió el presupuesto para el Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018, autoriza en su artículo 42 al Contralor General de la República a suprimir cargos y ajustar la planta temporal de regalías de la entidad a dicho presupuesto.
El presupuesto de esta planta de temporal de regalías de la CGR corresponde al 0.5 por ciento de los valores que por concepto de todas las regalías ingresen a la Nación.
En el bienio anterior 2015-2016 el presupuesto para la CGR fue de $90.000 millones y en el bienio 2017 -2018 es de 58.796 millones (según el Decreto 2190 de 2016).

*Artículo 42 del Decreto 2190 de 2016:


“Plantas de Personal de Carácter Temporal para la Contraloría General de la República. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 la planta temporal de la Contraloría General de la República para el Sistema General de Regalías, creados mediante Decreto-ley 1539 de 2012. Corresponderá al Contralor General de la República efectuar los ajustes necesarios para que la Planta de Personal sea consistente con los montos apropiados en el presente Decreto a dicho órgano de control. Para tal efecto podrá reducir, suprimir o refundir empleos en la Planta Temporal que se está prorrogando en el presente artículo”.

PROCURADURÍA ESCUCHARÁ EN AUDIENCIA PÚBLICA A EXALCALDE DE MESETAS (META)


• El organismo de control también investiga al exsecretario Social y la exsecretaria de Hacienda del municipio.
Por presuntas irregularidades en el uso de los recursos provenientes de la estampilla pro bienestar al adulto mayor, la Procuraduría Provincial de Villavicencio citó a audiencia a Camilo Antonio Pulgarín, Yhojan Guiza Bello y Yolanda Cardozo Pérez, en sus condiciones de alcalde, secretario Social y secretaria de Hacienda del municipio de Mesetas (Meta), vigencia 2012-2015.
El organismo de control cuestiona el actuar del exmandatario local, quien al parecer suscribió el contrato No. 243 de 2015, cuyo objeto era la construcción de un bioparque para el adulto mayor y ordenó el certificado de disponibilidad presupuestal con recursos que no se podían destinar a este objeto.
Al señor Guiza Bello se le investiga por presuntamente participar en la etapa precontractual, se le reprocha el “desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, (…) y la violación del principio de economía y responsabilidad por una deficiente planeación del contrato”.
Por su parte a la señora Cardozo Pérez se le indaga porque al parecer expidió el certificado de disponibilidad presupuestal por un monto de $52.030.249 para el pago del contrato en mención “permitiendo presuntamente con este proceder la utilización indebida de rentas que tienen destinación específica”.
El organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta de los disciplinables como gravísima a título de culpa grave.
En desarrollo de la audiencia pública que se llevará a cabo el 9 de febrero a las 9:00 a. m. en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Villavicencio,  los investigados podrán rendir su versión libre de los hechos y presentar las explicaciones que consideren necesarias sobre los presentes cuestionamientos disciplinarios.




EL LUNES EMPEZARÁ EL ‘PICO Y PLACA’ EN VILLAVICENCIO CON MULTA ECONÓMICA



A partir de este lunes 13 de febrero se empezarán a imponer los comparendos sancionatorios a los conductores de vehículos tipo carro particular, que no acaten la medida restrictiva del ‘Pico y Placa’ en Villavicencio, la cual impide transitar por el interior del polígono delimitado en el Decreto 010 del 2017 del pasado 30 de enero.
Ese polígono o área específica contempla el 10 por ciento de la ciudad, por lo que en el restante 90 por ciento de las vías habrá libre tránsito para los carros particulares, incluso el día en el que le corresponda cumplir con el ‘Pico y Placa’.
El pico y placa lo aplica el personal de agentes de tránsito a los conductores de automotores particulares que sean sorprendidos dentro del área restringida de lunes a viernes (excepto festivos), de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche.
El secretario de Movilidad, Iván Baquero Susa, explicó que aquellos viajeros que lleguen o salgan de la capital metense por los corredores viales hacia destinos como Bogotá, los municipios de Restrepo, Cumaral o los departamentos de Casanare y Arauca; Puerto López y Puerto Gaitán; y Acacías y la región del Ariari, podrán movilizarse libremente porque esas vías no están incluidas en el polígono restrictivo.

La multa supera los 300 mil pesos. La medida pecuniaria empezará a regir para las motocicletas a partir del 26 de febrero.

UNA MUJER HERIDA Y CINCO VIVIENDAS AFECTADAS DEJÓ INCENDIO EN VISTAHERMOSA (META


Incendio estructural en el alto de Yarumal zona rural de Vistahermosa,  dejó una mujer con quemaduras y cinco viviendas incineradas debido a la fuerte ola de calor que azota al departamento.
El coronel Jorge Díaz comandante de la defensa civil en el Meta, confirmo que junto con los bomberos lograron controlar la conflagración que amenazaba con afectar las demás viviendas que hay en la zona.
“La mujer de aproximadamente 38 años de edad sufrió quemaduras de tercer grado por lo que tuvo que ser trasladada al hospital local del municipio” afirmó el coronel.
Ante las declaraciones del IDEAM sobre una alerta  para el departamento del Meta por la ola de calor y sequía que soporta la región de la Orinoquia los organismos de socorro encendieron las alarmas en gran parte del piedemonte llanero.
Los organismos de socorro activaron junto con las alcaldías los planes de contingencia para atender las emergencias especialmente por los incendios que ya se están registrando en municipios como; Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán, Vistahermosa, entre otros.

El IDEAN lanzó la alerta por la amenaza moderada de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los municipios del departamento del Meta.

CINCO NIÑOS MURIERON EN UN INCENDIO AL INTERIOR DE UNA VIVIENDA.


Las autoridades de Bolívar reportaron la muerte de cinco menores de edad en medio de un incendio al interior de una vivienda en el municipio de El Peñón.
El reporte preliminar de las autoridades indica que la emergencia ocurrió en horas de la madrugada de hoy en una vivienda hecha de bahareque y palmas, donde dormían los niños, cuando se produjo el incendio que consumió de manera casi instantánea el lugar.
La secretaria de Salud de ese municipio, Karen Meza, dio a conocer que se trata de tres niños y dos niñas quienes perdieron la vida.
“Ocurrió un incendio en una casa donde había cinco menores de edad y dos adultos, las causas se desconocen aún y no dio tiempo de socorrer a los niños, murieron incinerados”, relató Meza.
Agregó que “los menores estaban entre las edades de los 5 y 12 años. También un adulto resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo y la otra persona tiene quemaduras de primer nivel”.
Las víctimas de este incendio pertenecían a tres familias que convivían en la vivienda.
Según las autoridades, se adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del incendio.

RCN Radio conoció que en ese municipio no hay cuerpo de Bomberos, por lo que organismos de socorro del departamento se trasladaron al lugar de la tragedia para evaluar la situación y ponerse en contacto con los familiares de los menores.

BALANCE DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DURANTE EL FIN DE SEMANA


Villavicencio, Meta. En aras de ser cada día más efectivos contra el crimen y garantizar comunidades seguras y en paz, durante el fin de semana que trascurrió el Departamento de Policía Meta fortaleció todos sus planes preventivos, disuasivos y reactivos en áreas urbanas y rurales, a través de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados operativos:

 11 personas fueron capturadas en flagrancia y por orden judicial por diferentes delitos, entre ellas un menor de edad aprehendido, así:
 05         por hurto
02         por fabricación, tráfico o porte de arma de fuego
02         por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes
01         por lesiones personales culposas
01         por uso de documento falso

   Recuperaciones:

500       cajetillas de cigarrillos
04         celulares
02         motocicletas
01         reja metálica

    Incautaciones:

15         kilos de marihuana
08         armas de fuego
04         armas blancas
02         vehículos
52         semovientes
178       kilos de carne
96         CD´s piratas
02         especies de fauna silvestre
04         metros cúbicos de madera
$107.700.000 en mercancía por carencia de documentos (contrabando)
Por otra parte, en barrio Santander del municipio de Puerto López, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de un hombre de 40 años, quien presentó varias heridas abiertas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.
En cuanto a la siniestralidad vial, en zona rural de la vereda La Castañeda del municipio de San Martin, perdió la vida un hombre de 43 años, luego de que presuntamente la motocicleta en la que se movilizaba sufriera volcamiento.


EL CIRCO QUE CREÓ EL FALLO DE LA CORTE SOBRE TOROS


En su afán por sacar un fallo populista frente a los toros, la Corte Constitucional borró con el codo sus sentencias anteriores y quedó en un pantano jurídico. Ahora tiene en vilo el futuro del coleo, las corralejas, las peleas de gallos y otras expresiones culturales de todo el país.
Corte Constitucional en vació jurídico frente a coleo, peleas de gallos y otras  La corte decidió que si en dos años el Congreso no legisla, las corralejas, las corridas de toros y otras prácticas serían consideradas ilegales. Foto: A.F.P. / Juan Carlos Sierra
Tras cinco años de abs-tinencia, la temporada taurina de 2017 en la plaza de Santamaría será recordada como una de las más bravas de la historia No solo porque los animalistas protestaron con violencia, sino en especial por el sorpresivo quite que la Corte Constitucional hizo la semana pasada al meterse al burladero y dejarle al Congreso el papel de darle el puntillazo a una faena que parece imposible de resolver.
Y es que cuando se pensaba que la corte iba a prohibir las corridas, como pedían los defensores de animales y los políticos que ahora quieren ganar popularidad en ese segmento, condicionó la exequibilidad del parágrafo tercero del artículo 339 de la Ley 1774 de 2016 y le dio dos años al Congreso para legislar sobre esa materia.
Ni el tono ni el ultimátum cayeron bien, pues no es usual que una rama del poder se meta en los terrenos de otra, mucho menos con órdenes, fechas perentorias e instrucciones sobre cómo proceder. Con su decisión borró de tajo cinco sentencias que ya había expedido sobre el mismo tema desde 2005 y metió ahora al ruedo de la prohibición no solo a las corridas de toros, sino otras expresiones culturales como el rejoneo, el coleo, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las riñas de gallos. Para los magistrados, la protección de la fauna debe ser progresiva y el Congreso debe legislar en ese sentido. De no hacerlo o de hacerlo en otro sentido, “las excepciones hoy vigentes llegarán a su fin y la protección animal se hará efectiva frente a todas las especies animales, sea toro, gallo o becerro”, le explicó un magistrado a esta revista.
La decisión y el comunicado oficial, solo conocido el jueves porque los magistrados seguían enfrentados, ha empezado a generar malestar en muchas regiones del país, donde millones de personas dependen de estas actividades para subsistir o tienen en ellas el mayor atractivo turístico o fuente de distracción del pueblo. Los galleros, por ejemplo, anunciaron una marcha nacional para el 20 de marzo frente a la posibilidad de que 70.000 criadores, 800.000 cuidadores y 3 millones de personas que dependen o disfrutan de esta práctica queden afectados. Solo en cinco días recogieron 70.000 firmas para rechazar la medida de la corte y cualquier iniciativa de ley que prohíba esas y otras prácticas ancestrales, advierte Héctor Vargas, de la Federación Nacional de Galleros.
Y es que la situación es compleja. En 1989 la Ley 84 adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y medidas para evitar el sufrimiento y el dolor, pero excluyó de cualquier sanción las prácticas ya mencionadas. Esta excepción fue demandada numerosas veces. La Corte Constitucional, en cinco ocasiones, revisó y profirió cinco sentencias y en todas, los magistrados la mantuvieron a pesar de considerar que la mayoría de los colombianos rechazaba algunas. Pero también es cierto que, como en el caso del toreo, las circunscribió a las ciudades o pueblos en los que ya existen, prohibió que entes oficiales financien los toros y estableció que se limitarán las conductas crueles.
Pero así como sentó una jurisprudencia en favor de estas prácticas, también apareció otra que empezó a chocar con la anterior. La misma corte y otras ramas de la Justicia han proferido fallos que reconocen a los animales como seres sintientes. En esa línea, el Congreso expidió el año pasado la Ley 1774 contra el maltrato animal, que plantea que los animales son “seres sintientes, no son cosas, que recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”. Además, tipifica como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y establece sanciones policivas y judiciales.
En su trámite hubo largos e intensos debates sobre la posibilidad de prohibir los toros y otras prácticas, pero al final el Congreso estableció cinco criterios que hacen aceptable infligir algún tipo de dolor a los animales: el ejercicio de la libertad religiosa; los hábitos alimenticios de los seres humanos para su sustento; la toma de precauciones de tipo sanitario y epidemiológico; la investigación y la experimentación científica y médica; y finalmente, las manifestaciones artísticas y culturales, tal y como habían hecho otras leyes. Este último punto fue el que analizó y falló la corte en su sentencia de la semana pasada, la misma que generó descontento en la mayoría de animalistas.
Algunos congresistas consultados creen que la corte se excedió en sus funciones y hasta se equivocó de forma absurda, en parte porque con la Ley de maltrato animal esa corporación ya expresó su punto de vista y acogió las sentencias ya expedidas. En otras palabras, armonizó los dos conceptos que están en confrontación desde hace algunos años: el derecho de los animales a que no los maltraten y el de los ciudadanos y minorías a mantener sus prácticas culturales.
Por lo menos en el caso del coleo, dice la senadora del Meta Maritza Martínez, desde hace 17 años es considerado una actividad deportiva reconocida por Coldeportes, con ligas departamentales, reglamento y federación, lo que significa que el Consejo de Estado y no la corte debe decidir sobre él. La senadora, que no está de acuerdo con los toros o las peleas de gallos y está dispuesta a defender a fondo la faena llanera, cree que el Congreso ya debatió y legisló sobre el tema. “Parece que a la corte no le gustó lo que hicimos y ahora quiere, a la fuerza, que saquemos una nueva ley que sí le guste”.
Ahora bien, si el Congreso decide discutir de nuevo este tema, como quieren el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la misma corte, se avecina una batalla regional y nacional. En efecto, en el ruedo ya no están solo los toros, sobre los que se ha querido sembrar una lucha de clases y de poder con mucho rating, sino otras prácticas con un largo arraigo popular, de las que depende la economía de cientos de miles de familias, pueblos y regiones. En todos los municipios del país hay galleras, en los llanos dependen del coleo buena parte del orgullo y la economía de esa zona, y en el Caribe, las corralejas y los gallos están tan arraigados como el vallenato.

Por eso, algunos expertos creen que los magistrados con este fallo se metieron en un terreno inestable, complejo y pantanoso. Primero, porque quedó en claro que ese tribunal está dispuesto a modificar sus sentencias frente a la presión social y de los medios, al caer en lo que algunos llaman populismo punitivo. Segundo, porque puso en duda el concepto de cosa juzgada. Y tercero, porque siembra grandes nubarrones sobre la certeza de que en un futuro puedan tener el respeto de los derechos y garantías que otras minorías han ganado en los últimos años, especialmente en esa instancia. Si hoy los afectados fueron los taurófilos, mañana otros miembros de la corte podrían revaluar o cambiar lo que han dicho frente a la población LGBTI, indígena o afro.
Además, es claro que algunos fanáticos quieren llevar aún más lejos la protección animal, pues consideran que también hay maltrato animal en las pruebas ecuestres, hípicas, caninas y hasta en la pesca deportiva. Y eso, sin entrar en el terreno de la alimentación humana o la experimentación científica. En esta última, por ejemplo, el científico Manuel Élkin Patarroyo tuvo que sufrir cuatro años un proceso kafkiano para demostrar que no era un traficante ni que era un maltratador de animales, argucias que usaron para frenar sus experimentos en monos.
Lo cierto es que la corte destapó una caja de Pandora de la que no se sabe lo que va a salir, pues más adelante se puede alegar maltrato en la cría de pollos y producción de huevos, en la esterilización animal, en la producción de leche o en los insecticidas que usan las personas para protegerse. Al final, la corte hizo un magistral juego con el capote, para deleite del público, pero en el momento más complejo de la corrida, cuando el toro estaba más fiero, prefirió soltar al ruedo toda clase de animales, para que otro defina la faena. Todo un circo romano.


DE ESTRAVAL SE ESFUMARON 400.000 MILLONES


La situación es peor de lo que se pensaba. No hay recursos suficientes para devolver el dinero que reclaman los afectados por esta comercializadora de libranzas. El balance a la fecha muestra que se esfumaron cerca de 400.000 millones de pesos.
Así es el hueco del escándalo de Estraval  La Fiscalía les imputó a Juan Carlos Bastidas y César Mondragón, socios fundadores de Estraval, cargos por captación ilegal de dinero del público.
A la liquidación de Estraval llegaron reclamaciones de más de 4.000 inversionistas. El caos en la comercializadora era total.
Cuando alguien dijo que el escándalo de las libranzas podría tener dimensiones similares al fraude de las pirámides, ocurrido hace diez años, no estaba exagerando.
A medida que la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General escudriñan en las cuestionadas comercializadoras de pagarés-libranza, va quedando al descubierto no solo el oscuro modus operandi de estas firmas, sino una dura realidad. Del dinero del público comprometido en este negocio, que podría superar los 2 billones de pesos, se perderá un alto porcentaje.
Muchos de los compradores de libranzas se preguntan hoy cuánto recuperarán una vez queden liquidadas las empresas intervenidas por la superintendencia. Y la verdad es que, por ahora, las noticias no son nada alentadoras para quienes confiaron su dinero a Estraval, firma que ya tiene sus principales cabezas en la cárcel, acusadas por la Fiscalía de graves delitos.

Con base en el informe final de auditoría -practicado por Fiduagraria- y las reclamaciones que hicieron los afectados, el hueco que dejan las libranzas de Estraval se acerca al medio billón de pesos. La cifra es escandalosa porque quiere decir que, por lo visto, el porcentaje de dinero que recuperarán los clientes de esta comercializadora será mínimo.
Las cuentas son las siguientes. Los 4.381 inversionistas, que le habían comprado pagarés-libranza a Estraval por sus altos rendimientos, presentaron reclamaciones por algo más de un billón de pesos. Sin embargo, después de depurar las solicitudes y evaluarlas, Luis Fernando Alvarado, agente liquidador de la firma, solo aceptó reclamaciones por 540.000 millones de pesos. Esto porque se aplica la norma (Decreto 4334 de 2008) que ordena en estos casos solo tener en cuenta, para fines de devolución, el capital entregado por los afectados, descontando lo que se les hubiere ya pagado por cualquier concepto, como intereses. Tampoco se devuelven las prometidas rentabilidades que a futuro recibirían los inversionistas. Por esto, suele suceder que la suma reconocida es menor a la que reclaman los afectados, pues estos quieren además del capital los intereses prometidos.
Lo grave del asunto es que, al examinar el inventario de los pagarés-libranza, tarea encomendada a Fiduagraria, se llegó a una triste conclusión. Con corte a 2016, solo hay cartera, es decir, créditos con saldo pendiente, por valor de 65.000 millones de pesos. En otras palabras, en el mejor de los casos quedaría un faltante de 475.000 millones de pesos frente a lo reclamado por los inversionistas. Si esta cartera se proyectara al vencimiento, o sea, al año 2023, se podría hablar de 130.000 millones de pesos. En ese caso, el fatante o hueco sería de la no despreciable suma de 410.000 millones de pesos.

Para hacerle frente a esta compleja situación, la liquidación de Estraval está buscando dinero en otras fuentes, con el ánimo de que las víctimas recuperen algo más. Pero no es tan sencillo.
Por ahora, hay unas acciones de Mercantil Colpatria. Aunque el socio fundador César Fernando Mondragón ya las había negociado, la operación se efectuó en el plazo llamado de sospecha, por lo que podría ser revocada. De ese modo, las acciones volverían a la liquidación. También hay otros activos, como las oficinas de Estraval en el norte de Bogotá, y un lote en Funza (Cundinamarca) que hacía parte del negocio Colombia Land, sociedad constituida en Panamá, de la que Mondragón era accionista. Por ahora, solo han detectado estos activos y algunos otros bienes menores, que podrían acumularse en la liquidación para devolverles algún dinero adicional a los afectados.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que rastrea en otras jurisdicciones, como Panamá y Estados Unidos, otras inversiones que pudieron haber hecho en dólares.
En todo caso, quienes confiaron su capital a Estraval tendrán que tener paciencia. En la medida en que la liquidación obtenga dinero, por venta de activos o recuperación de cartera, lo irá repartiendo a todos por igual, independientemente de la cuantía, como estipula el Decreto 4334 de 2008 con el ánimo de beneficiar a los pequeños inversionistas.
Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de decidir el procedimiento que debe seguir la liquidación. Esto es clave, pues lo ideal es que se haga de manera ordenada de tal forma que todos salgan favorecidos. Por ejemplo, la superintendencia puede optar por entregar los títulos (pagarés-libranza) a los inversionistas para que estos hagan el cobro respectivo a los deudores, o también determinar que la liquidación se encargue del asunto.
La primera situación sería muy complicada, pues se detectó que un mismo crédito puede haber sido endosado tres, cuatro y hasta cinco veces. Esto significaría que varios afectados le reclamarían al mismo deudor, por lo general un policía, un soldado o un pensionado. Se estima que hay 100.000 deudores o tomadores de los créditos, lo que podría generar un problema de orden público si los inversionistas tratan de cobrar el dinero ellos mismos.
Ahora bien, abogados de las víctimas están promoviendo un plan desmonte; aducen que por esta vía se podría recuperar más dinero que por la liquidación ordinaria.
Ha llamado la atención que los interesados en esta fórmula sean los representantes de los afectados; las cabezas responsables de Estraval deberían ser las que se comprometan con un plan, pues al fin de cuentas ellos sabrían con más certeza qué tanto dinero pueden devolver. Este tipo de debates entre abogados se suele dar en estas liquidaciones. De hecho, igualmente ocurrió en el proceso del Fondo Premium.
Enredo mayor
El hueco que deja el negocio de libranzas de Estraval es consecuencia del manejo irregular de esta empresa.
El estudio de Fiduagrario confirmó hechos muy graves. Por ejemplo, de un universo de 325.271 títulos valores inventariados y auditados, solamente 36.348 registran algún saldo pendiente de pago. De esta cantidad, 7.586 no fueron objeto de endoso y 16.988 fueron enajenados más de una vez a diferentes personas: 15.297 dos veces, 1.638 tres veces y 53 cuatro veces. Es decir, originaron varios pagarés por el mismo crédito, y los vendieron a otros tantos compradores o inversionistas. Se detectó que estos pagarés suscritos con un mismo deudor tenían los dígitos 1 y 9 al inicio del número consecutivo de libranza, lo cual mostraría que estaban marcados intencionalmente.
El estudio probó también que se realizaron operaciones cuyos flujos se trasladarían al inversionista al vencimiento, pero no se sabe el destino de los recaudos que pagaban los deudores mensualmente.
Señala el informe que desde varios meses antes del proceso de reorganización decretado de oficio por la Superintendencia de Sociedades, los recaudos mensuales no fueron trasladados a los compradores de los títulos pagarés-libranza vendidos bajo la modalidad de flujo natural.
Algunos compradores de cartera ni siquiera recibieron las libranzas y por ende no contaron con la contraprestación ofrecida. El estudio también encontró que vendieron pagarés correspondientes a créditos ya pagados a la fecha de la operación con el inversionista, es decir, vendieron papeles sin valor.
Los hallazgos de la auditoría contratada con Fiduagrario -contenidas en más de 80.000 folios- coinciden con los detectados por la Supersociedades y con las investigaciones de la Fiscalía General, entidad que hace unos días imputó a las principales cabezas el delito de captación ilegal de dinero del público, entre otros.
Pero Estraval es solo un caso del colapso de las libranzas, pues otras comercializadoras también defraudaron a los inversionistas, y hoy las autoridades las investigan. Esto indica que este escándalo financiero todavía puede sorprender más al país.


LA MALDICIÓN DE ODEBRECHT


Primero le tocó a Óscar Iván Zuluaga y ahora al presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué es verdad, qué es mentira y qué no se sabe del escándalo?.

Odebrecht, las verdades y las mentiras del escándalo  En su testimonio, Otto Bula asegura haberle dado 1 millón de dólares a la gerencia de la campaña de reelección de Santos a través del intermediario Andrés Giraldo. Foto: Juan Carlos Sierra /César Carrión / Diana Sánchez
No hay duda en el escándalo de Odebrecht de que el exsenador Otto Bula recibió 1 millón de dólares y que dijo que estaba destinado a la campaña de Santos. Bula afirma que descontó para él una comisión de 200 millones de pesos.
De ahí en adelante todo es menos claro. Bula asegura que el dinero fue entregado a Andrés Giraldo, un amigo de Prieto. El lugar sería el hotel Virrey Park en la carrera 15 con calle 88. Y en cuanto a la fecha, aunque no se acuerda del mes, Bula sí aclara que fue antes de las elecciones presidenciales de 2014. El pago se habría hecho en un maletín en dos entregas en ese mismo lugar. Según agregó, en la segunda reunión, al salir del hotel, Bula vio entrar a Roberto Prieto, aunque no se cruzaron personalmente.
¿Cuál es la versión de Andrés Giraldo, el intermediario? En primer lugar reconoce ser muy amigo de Prieto desde 1984. Sobre la reunión, sostiene que sí tuvo lugar pero para otros fines y en otras fechas. Cuenta que un amigo le pidió el favor de recibir a Bula, quien era un exparlamentario interesado en plantearle un negocio. La reunión fue en el hotel que mencionó Bula, el Virrey Park, pero no en el restaurante italiano, sino en el Juan Valdez.
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Giraldo relata que nunca había visto a Bula y que estuvieron reunidos por no más de media hora. Según él, el exsenador se presentó como un hombre con muchas influencias en la costa Atlántica, en especial entre los congresistas. Luego agregó que tenía un proyecto para hacer unos acueductos en el Tolima y que lo buscaba para que le ayudara a hacer contactos, por medio de Prieto, con autoridades públicas. También dijo que le entregó unos documentos sobre ese proyecto.
Aunque en muchos aspectos las versiones coinciden, en algunos hay diferencias. La principal es la fecha. Para Bula, la reunión fue antes de las elecciones de 2014 y para Giraldo fue muchos meses después. Tampoco están de acuerdo en que para Bula hubo dos reuniones y Giraldo dice que no recuerda la segunda. Pero sí coinciden en que al final de la reunión llegó Roberto Prieto a reunirse con Giraldo. Bula en ese momento ya se había ido pero lo vio entrar de lejos.

La versión de Prieto fue mucho menos detallada. Manifestó que apenas “distinguía” a Bula pues lo había visto una sola vez en una reunión política. Reconoció su larga amistad con Giraldo y contó que cuando este le mencionó las propuestas de negocios de Bula, entraron a internet a averiguar de quién se trataba. Puntualizó que, cuando vieron su polémica hoja de vida, le dijo a su amigo: “A kilómetros de ese señor”.
La semana pasada Vicky Dávila reveló en La W un dato adicional que no se sabía sobre Roberto Prieto. Cuando el detenido Gabriel García rindió testimonio ante la Fiscalía dijo que en la campaña de 2010, cuando él era viceministro de Transporte, se reunió con el presidente de Odebrecht, Luiz Bueno. Este le pidió transparencia en la adjudicación de la Ruta del Sol y le agregó que había un señor de nombre Prieto, muy cercano a Odebrecht, que iba a cumplir un papel importante en la siguiente campaña presidencial. Aunque no lo conoce, García cree hoy que se estaban refiriendo a Roberto Prieto.
En cuanto a la financiación de la campaña de 2015, Prieto aseguró que esta se hizo por medio de un crédito del Banco de Colombia que fue cancelado con la reposición de los votos obtenidos. Hizo énfasis en que como gerente promovió y lideró la política de no recibir donaciones ni de particulares ni de empresas.

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De todas las papas calientes que le han caído a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, ninguna había sido más difícil. Aunque no tuvo cargo oficial, había sido un consejero muy valioso del presidente durante la campaña de la reelección. Tan valioso, que Santos decidió crearle el cargo de superministro, experimento que fracasó por conflictos internos en la Casa de Nariño.
Lo cierto es que cuando la confesión de Bula llegó a su despacho de la Fiscalía, Martínez no tuvo mejor alternativa que hacerla pública. Algunos creen que infló demasiado la noticia si lo único que tenía era el testimonio de un personaje controvertido, sin ninguna otra prueba. Otros creen que un zorro como el actual fiscal no produce semejante terremoto sin estar convencido de que hay alguna irregularidad. Mientras se aclara cuál de las dos versiones es verdad, lo único seguro es que mantener esa información en reserva, mientras Zuluaga era objeto de acusaciones similares, no era una opción. Cuando finalmente se revelara, el escándalo de haberlo ocultado hubiera sido mayor que el de publicarlo.
El fiscal ha tratado de ayudar al gobierno en dos formas. En primer lugar, se ha referido siempre a la “gerencia” de la campaña y no directamente a esta, para recalcar que hasta ahora no se ha probado que el dinero haya entrado. Ese tecnicismo, que puede tener una lógica jurídica, en nada cambia el impacto político y mediático del escándalo.

Y en segundo lugar, ha hecho más énfasis en las implicaciones electorales del caso que en los posibles efectos penales. De ahí que sus pronunciamientos giren esencialmente alrededor de la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral para que este establezca si se violaron los topes.

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Ese es un trámite rutinario pero inocuo. En principio las funciones del Consejo Nacional Electoral se limitarían a certificar que los libros de contabilidad de las campañas se ajustan a las normas vigentes. Estos, por definición, siempre están en orden, pues de lo contrario sus gerentes no las presentarían. En este caso, se trata de averiguar qué pudo haber quedado por fuera de esos libros de contabilidad que pudiera constituir una infracción o un delito. Para eso se requieren dientes y una unidad investigativa con funciones de Policía Judicial que el Consejo Electoral no tiene. Aunque sus miembros están tomando la investigación muy en serio y van a trabajar en mancorna con la Fiscalía, es difícil que lleguen a encontrar la ‘prueba reina’.
Después de que Bula recibió el dinero, este se movió en efectivo de ahí en adelante. Eso significa que el rastro es muy difícil de seguir. En el pago de sobornos no hay cheques, ni recibos ni comprobantes. A menos que aparezca una grabación de algún celular o una cámara de seguridad en que se vea un maletín (que debe ser grande), es posible que nunca se sepa en dónde acabó esa plata. El único elemento adicional que se puede esperar por ahora es que la Justicia brasileña le confirme a la colombiana que Odebrecht autorizó pagar 1 millón de dólares a la campaña de Santos y esté registrado en los libros de la empresa o declarado por sus altos ejecutivos. La próxima semana el fiscal, el procurador y los dos magistrados ponentes del Consejo Electoral viajarán a Brasil a averiguarlo. Si se comprueba, como ha ocurrido en otros países como Perú o Panamá, pudo haber entrado a la campaña pero también pudo haberse quedado en el camino en otras manos.
El presidente cree la segunda versión, es decir que lo que dice Bula es mentira y que ese dinero no ingresó jamás a su campaña. Frenteó sobre ese tema a Roberto Prieto y este le aseguró que ni él ni Giraldo habían recibido un centavo y que todo era un montaje. De haber sido así, significaría que Odebrecht le dio el millón de dólares a Otto Bula y él se lo robó. Lo cierto es que Bula pidió que la declaración a la Fiscalía fuera juramentada, con lo cual se expone a que si dice mentiras incurre en el delito de falso testimonio, con lo cual podría exponerse a una pena de hasta 12 años de cárcel.
Para muchos, tanto en el gobierno como en la oposición, es poco creíble que el presidente hubiera autorizado una operación de esa naturaleza. Sin embargo, no necesariamente coinciden con él en que todo el escándalo termina en Bula. La versión de Prieto de una campaña sin una sola donación, financiada ciento por ciento por un crédito del Banco de Colombia y el pago de este con la reposición de los votos desafía la credibilidad. Como se dice con frecuencia, una cosa es Dinamarca y la otra Cundinamarca.

Todas las campañas presidenciales son un torbellino. Por un lado están los congresistas pidiendo plata para movilizar a su gente y decenas de empresas y de particulares que por convicción o por oportunismo quieren apoyar a un candidato, o a los dos que tienen posibilidades de ganar. Los controles en la campaña de Santos eran bastante estrictos. Su tope permitido era de 13.000 millones en la primera vuelta y 9.000 en la segunda. El reembolso que otorga el Estado por el número de votos obtenidos efectivamente produjo esas cifras.
No obstante, en una u otra forma, el caos que se genera en las campañas desborda esa realidad. Alguien puede ofrecer regalar unas camisetas o unos pendones; también ayuda en materia de movilización en buses o inclusive en un avión. Y así muchas otras cosas. Son ayudas informales que algunas veces no necesariamente quedan en la contabilidad y que son difíciles de detectar.
Por lo anterior, la versión oficial de Prieto de una campaña donde no entra un solo peso por encima del reembolso del Estado suena exagerada. El entonces gerente de la campaña tiene a su favor el hecho de que por tratar de poner en práctica su fórmula no hubo mucha plata para girarles a los políticos regionales en la primera vuelta. Ante el rechazo de estos hacia Prieto y el triunfo de Zuluaga, en la segunda vuelta Prieto quedó relegado y el expresidente César Gaviria cogió la sartén por el mango y con ello Santos ganó la reelección.
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La campaña presidencial de 2014 puede haber sido rutinaria para los entendidos pero definitivamente no para la opinión pública. Por la palabra Odebrecht los ojos de los colombianos están bien abiertos. Ante meses de acusaciones de corrupción a todos los niveles, los ciudadanos de a pie piensan que todos los gobiernos son corruptos, y están cansados de tanto escándalo. Le creen mucho más a quien se vaya contra lo establecido que al que insista en que Juan Manuel Santos no se prestaría para actos de corrupción.

El daño hecho a la imagen de Colombia y a la del presidente con el millón de dólares de Bula ha sido considerable. A nivel internacional, el prestigio del premio nobel de paz quedó salpicado por una acusación inconclusa. Y a nivel nacional esta, a su vez, fortalece el discurso anticorrupción, antipolítico, y antiestablecimiento, no siempre con las voces más sensatas, sino con las más radicales. En Colombia hay muchos malos, pero también hay muchos buenos. Sin embargo, por cuenta de los escándalos de la semana pasada, el sistema quedó deslegitimado y todo el mundo quedó nivelado por lo bajo.

CAPTURADOS HOMBRES QUE TRANSPORTABAN FUSIL POR PEDAZOS


San Martín, Meta. Desarmado y encaletado en el equipaje de mano de dos pasajeros de un bus de servicio público, unidades de la Seccional de Tránsito y Transportes del Departamento de Policía Meta descubrieron un fusil tipo M-16, calibre 5.56, que iba con destino a las estructuras de crimen organizado que delinquen al sur del departamento del Meta.
El operativo se registró en horas de la madrugada, en el sector Alto Rubiano, ubicado sobre la vía que conduce hacia el municipio de San Martín.  Por este hecho, fueron capturados dos hombres de edades 31 y 34 años, procedentes de los municipios de Carepa y Apartado – Antioquia.
Estos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 39 local de San Martín, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.  En las próximas horas serán presentados en audiencia ante el Juez de control de garantías.

“El crimen organizado no tiene cabida en el Meta, no vamos a permitir que este fenómeno criminal afecte la tranquilidad de la población metense”, indicó el señor coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante Departamento de Policía Meta.

LA POLICÍA Y LOS GANADEROS DEL META UNIDOS CONTRA EL ABIGEATO


Villavicencio, Meta. La Policía Nacional y los ganaderos en el departamento del Meta, trabajan de la mano y obtienen resultados efectivos en la estrategia contra el hurto de cabezas de ganado.  Esta labor inició el mes de diciembre del año 2016, con el fin de frenar el incremento de los casos que se venían registrando en toda la región en las modalidades de arreo, cachilapeo y carneo, esta última la que más afecta al gremio, pero que ahora gracias a las labores de seguridad desarrolladas se han venido aplacando de manera paulatina, garantizando de esta manera la movilización diaria de más de 4.000 cabezas de ganado sobre las vías del Meta hacia diferentes destinos.
 Las reuniones que semanalmente se realiza entre la Policía y el gremio ganadero en diferentes municipalidades, permiten analizar el comportamiento delictivo y establecer decisiones para combatirlo.  Es así que, el Departamento de Policía Meta dispuso que los grupos de Investigación Criminal, Inteligencia, Carabineros y las patrullas de los Cuadrantes trabajaran mancomunadamente para evitar el abigeato, desarrollando a diario labores preventivas, disuasivas y reactivas contra este delito, así:
- Puestos de control sobre corredores viales durante las 24 horas del día.
- Controles en los expendios de carnes- Verificación mataderos clandestinos- Visitas puerta a puerta y censo a las fincas- Entrega de recomendaciones e incentivar la denuncia- Red de apoyo y comunicaciones
Estas labores buscan garantizar el ejercicio de los ganaderos y no afectar su actividad económica, por ello, invitamos a este gremio a tener siempre presente la documentación y los trámites que se deben cumplir para el transporte de sus animales, como son la guía de movilización, guía de sanidad y los bonos de venta, expedidos por el ICA.

Durante lo corrido del año 2017, han sido recuperadas 103 cabezas de ganado con un valor superior a los 160 millones de pesos, dejando cinco personas capturadas por hurto; así mismo, se han incautado por carencia de documentos 232 reses y 122 kilos de carne, con un avalúo de 423 millones de pesos.

CHASCARRILLOS POR GILBERDAIZ.... DE LAS REVOCATORIAS Y SUS FINES.


La democracia nos permite hacer uso de algunos elementos que son propios de la misma.
Estos hechos hacen que haya un poder y una oposición claramente planteada entre las dos partes interesadas que por lo general cuentan con una escasa mayoría para hacer valer o defender supuestos derechos de acuerdo a sus propios intereses, por cierto descaradamente muy marcados Recientemente en nuestro amado Acacias un grupo de tres personas encabezadas por el exconcejal Fabián Morales y a quien recientemente sendos fallos judiciales no lo dejan bien parado ante una comunidad que dice hoy representar. Precisamente haciendo valer supuestos  derechos  los mismos que el en su momento el tangiblemente profanó; Adelantan un ejercicio para someter a votación la revocatoria del mandato del Doctor Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez ,como alcalde de la ciudad de Acacias periodo 2016 2019.
Las motivaciones de los proponentes de la idea no son claras mucho menos precisas y poco fundamentadas para poder conseguir el favor del voto para la consecución de la quijotesca obra de teatro. Veamos el plan de desarrollo para vivir bien de Víctor Orlando Gutiérrez alcalde fue aprobado por el honorable concejo municipal a mediados del año 2016,es decir casi seis meses después de haber iniciado su mandato. Este documento es la carta de navegación o bitácora que encamina y rige precisamente el programa de gobierno a desarrollar en su mandato, es el mismo documento que esta apenas recién aprobado por el honorable concejo municipal por lo tanto no tiene el tiempo o la madurez suficiente para ponerlo en ejecución pues es apenas un embrión  que comienza a empollar .Otro argumento desde la modestia de Gilberdais es que no se ha dado cumplimiento según los quejosos o solicitantes de la revocatoria, a la creación y nombramiento de varios cargos burocráticos al interior de la administración municipal es apenas entendible que el mandato del actual alcalde apenas inicia por tal motivo o razón mi apreciación es que es demasiado prematuro para correr un riesgo de desprestigio y vergüenza para en aras de la consecución de respeto a una dignidad que ni siquiera vista desde nuestro modesto español coincide con el significado que para este caso se quiere utilizar la palabra dignidad, por el contrario es indigno entrar a apoyar una causa que se ve claramente es el resultado de un inconformismo personal que raya con la voracidad y se escuda en elementos tan nobles como el tratar de aprovechar factores innobles que a la postre solo buscan causar un daño a las gentes de una ciudad que solo aspira a seguir creciendo en medio del trabajo denodado de quienes aportamos en el crecimiento desde el punto de vista comercial, cultural, folclórico entre otras facetas de las cuales no sentimos orgullos de practicar en forma placentera en beneficio  de nosotros mismos
Creo que  no se debe apoyar actos innobles, menos cuando no son claras las intenciones, al hacerlo, sin embargo  cada quien es libre de hacer lo que considere conveniente desde luego en forma responsable y después de haber hecho un análisis concienzudo, sin sentimiento politiquero y menos movido, por supuesto  interese oscuros de quienes pretenden empoderase de una administración  para seguir esquilmando el presupuesto que es para las actividades sociales, de los menos favorecidos. Nosotros mismos seremos responsables de ser indignos e irresponsables por nuestro actuar, en  caso de llegar a hacerlo pero como somos sensatos, ello no ocurrirá y seguiremos empujando el vagón del éxito y la prosperidad de nuestro municipio, lejos de intereses mezquinos politiqueros y oportunistas ..FELIZ FIN DE SEMANA